Escribir sobre este conflicto desde la comodidad de mi casa es un atrevimiento. Pero conmueve. De tal forma que la posición del gobierno incomoda a un observador que, como tal, siente impotencia. Y por eso escribe.
Igualmente cuesta pensar sobre la posición del gobierno. Sería simple plegarse a Brasil, quien junto a Sudáfrica accionaron el trámite contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. Porque la palabra “genocidio” tiene connotaciones jurídicas.
Hay otras. Las exportaciones uruguayas hacia Israel cayeron entre 2018 y 2023, según el monitor del Observatorio de Complejidad Económica. Pasó de 128 millones de dólares a 64 millones. El principal producto que nos compran es la carne bovina congelada (carne kosher, por ejemplo), por 50,5 millones de dólares en 2023. A esto habría que sumarle la posibilidad de exportar carne con hueso, un rubro duro de roer en el comercio mundial de carne bovina, que abrió en 2024.
En octubre, los datos del INE indican que la producción industrial uruguaya cayó un 4,2% en comparación al mismo mes del año pasado, sin considerar los problemas de la refinería de Ancap con la boya de José Ignacio. El empleo en el sector también bajó, en este caso, un 2,8%. En el acumulado del año, hay 1,4% de puestos industriales menos. El cierre del comercio con Israel sería un golpe para los empleos en los frigoríficos.
Es cierto que el cinismo de la respuesta del gobierno para evitar el cierre del comercio no puede impedir el pronunciamiento ético contra el genocidio palestino. Pero las decisiones desde el gobierno también deben manejar el cruce entre ética internacional y economía nacional, con efectos en la mesa de los uruguayos. No es menor.
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