La frase —o más bien la consigna— de Byung-Chul Han, “más siesta y más fiesta”, funciona como un reclamo poético y político: recuperar tiempo para el descanso y la celebración frente a la tiranía del rendimiento. No es una exhortación a la pereza, sino una demanda por otra economía del tiempo y de la vida: desactivar la productividad como criterio absoluto de valor humano y devolver lo común al tiempo humano. Cuando uno abre el presupuesto y lee los artículos del proyecto del Ministerio de Turismo del gobierno de Yamandú Orsi, se topa con un pedacito de Estado que, por su naturaleza práctica, intenta traducir en líneas y partidas una aspiración que Han formula como diagnóstico cultural.
Ese pedacito contiene, a la vez, promesa y tensión. Promesa, porque hay en la idea del Sistema Nacional de Turismo Social y en la creación de un Fondo específico una voluntad de democratizar el acceso al descanso, al esparcimiento y a la posibilidad de salir de la rutina laboral; un reconocimiento explícito de que el turismo no debe ser privilegio de pocos sino derecho social. Tensión, porque las herramientas elegidas —partidas para financiamiento, incentivos a aerolíneas, fondos para infraestructura— pertenecen al lenguaje del Estado gestor y del mercado, no directamente al léxico de la desmercantilización del tiempo que Han propone.
Leamos el presupuesto como un experimento: ¿qué pasa si intentamos inscribir la “siesta” y la “fiesta” en la contabilidad pública? Primero, se las vuelve visibles. Asignar $20 millones para arrancar (y $30 millones anuales desde 2027) al Sistema Nacional de Turismo Social es un acto simbólico y efectivo: el Estado reconoce que el ocio es cosa de políticas públicas. Crear un Fondo que reciba aportes públicos y privados para sostener estas políticas señala un intento de institucionalizar el acceso. Invertir en infraestructura “inteligente, accesible y sostenible” apunta a que el descanso no sea sinónimo de exclusión espacial. Facultar al Ejecutivo para declarar emergencias turísticas y establecer incentivos a la conectividad internacional habla de una intención de proteger un sector estratégico para la economía nacional.
Pero la ambivalencia persiste. Para que la siesta y la fiesta de Han dejen de ser mera etiqueta y se conviertan en bienes sociales reales, es preciso que la política no reduzca esos conceptos a motores de crecimiento o a productos exportables. Hay tres riesgos claros: (1) que el “turismo social” sea usado como marca para atraer viajeros y divisas, priorizando el rédito económico sobre la restitución del tiempo humano; (2) que los incentivos a aerolíneas y la inversión en infraestructura refuercen modelos concentradores (hoteleros, operadores dominantes) que no reviertan beneficios hacia comunidades locales; (3) que la fiesta se convierta en espectáculo enlatado para consumo turístico, perdiendo su función de recomposición del tejido social.
Desde una perspectiva cultural latinoamericana —y uruguaya en particular— la siesta y la fiesta no son meros hábitos: son modos de ser social. La fiesta reconstruye memoria y trama comunitaria; la pausa —el descanso cotidiano— es un derecho civil que compensa jornadas de trabajo a menudo precarias. Por eso, la traducción estatal de esas prácticas puede tener efectos emancipadores si incorpora ciertos principios: gestión participativa de proyectos, prioridad a iniciativas comunitarias y cooperativas, criterios claros para que el Fondo financie propuestas que no estén pensadas únicamente para el mercado, y métricas culturales además de económicas para evaluar impacto.
Imaginemos dos versiones de ese pedacito de presupuesto. En la primera, el Fondo financia festivales locales, apoyos a cooperativas de alojamiento rural, programas subsidiados para jubilados y estudiantes, y proyectos de infraestructura que priorizan la accesibilidad y la gestión comunitaria. Allí la siesta y la fiesta se transforman en bienes comunes: el Estado facilita tiempo de vida fuera de la lógica de la productividad. En la segunda versión, el Fondo sirve para subvencionar rutas caras, atraer grandes operadores internacionales y convertir celebraciones populares en productos para turistas; la siesta y la fiesta se vuelven nuevo inventario del mercado de experiencias, y la crítica de Han se confirma: el ocio se reintroduce como mercancía y la lógica del rendimiento se expande a la esfera del descanso.
La clave, entonces, no es puramente semántica sino institucional: cómo se diseñan los criterios de asignación, quién decide, con qué contrapartes y con qué fines. Si el presupuesto incorpora mecanismos de control social, prioridad a lo comunitario, límites a incentivos que favorezcan concentración y cláusulas que protejan la no mercantilidad de ciertas líneas de acción, el pedacito del gasto público podría funcionar como una pequeña, pero significativa, materialización de la aspiración haniana. Si no —si prima la lógica de crecimiento por crecimiento— será apenas un nuevo engranaje del capitalismo del rendimiento: más viajes, más fotos, más microexperiencias, y la misma urgencia por producir incluso en el tiempo de ocio.
En última instancia, poner a Byung-Chul Han “en un pedacito del presupuesto” no es un acto de retórica: es una prueba de realidad política. La filosofía plantea una dirección; la política ofrece instrumentos. El desafío de una democracia pequeña y con tradiciones festivas como la uruguaya es hacer que esos instrumentos no desvirtúen la dirección. La siesta y la fiesta, vistas desde el papel de una ley de presupuesto, pueden ser la restitución de tiempo humano o su captura por nuevos mercados. Todo dependerá de las elecciones técnicas y políticas que, en apariencia menores —una cláusula, un criterio de adjudicación, un requisito de co-gestión—, definen si la siesta y la fiesta serán derechos o mercancías.
Claro que el ocio no puede sostenerse del aire. En un país pequeño y desigual como Uruguay, las cooperativas y los proyectos comunitarios representan también una forma de resistencia económica, una manera de redistribuir las oportunidades del descanso. No se trata solo de “vivir mejor”, sino de quién puede darse el lujo de hacerlo. Si el turismo queda en manos de unos pocos empresarios, la experiencia de viajar, conocer y disfrutar se convierte otra vez en un privilegio. Las cooperativas, en cambio, introducen una economía del compartir: el descanso como derecho y como fuente de trabajo al mismo tiempo. En ese punto, el turismo social del presupuesto de Orsi no contradice del todo a Byung-Chul Han, sino que traduce su intuición filosófica al lenguaje concreto de la política pública latinoamericana, donde la fiesta necesita financiación y la siesta también paga impuestos.