Bases para una hegemonía progresista renovada en Uruguay

La hegemonía, en la concepción de Antonio Gramsci, es la capacidad de un proyecto
político de dirigir a la sociedad a través del consenso, estableciendo su visión del
mundo como “sentido común”. Significa no solo gobernar, sino hacer que amplios
sectores sociales asuman como naturales las ideas, valores y prioridades de ese
proyecto. Esta dirección cultural se construye en la sociedad civil —medios, educación,
sindicatos, universidades, iglesias, territorios, cultura popular—, donde se forman
percepciones, legitimidades y horizontes colectivos. La hegemonía, por tanto, es la
unión entre dirección moral, intelectual y política.


En el Uruguay del siglo XXI, el concepto permite leer con profundidad el impacto
diferencial de los proyectos que gobernaron en los últimos años. El ciclo progresista
2005–2020 produjo una transformación hegemónica real: redujo drásticamente la
pobreza, aumentó salario real, amplió derechos civiles, fortaleció instituciones y
consolidó como sentido común la idea de que el Estado es garante de igualdad y
cohesión.

Su contribución no fue solo material, sino cultural: instaló una expectativa
colectiva de bienestar, derechos y ciudadanía ampliada, que incluso sectores críticos
terminaron aceptando.

El ciclo liberal 2020–2025 no logró construir una hegemonía alternativa. Su programa
—centrado en ajuste, desregulación, debilitamiento del Estado y una retórica de
orden— resultó empobrecedor en términos económicos y empobrecedor en
términos de horizonte. Sin crecimiento equitativo, con deterioro del salario,
fragmentación social y una narrativa de futuro limitada, este proyecto terminó replegado
en una gestión táctica, sin capacidad de dirección moral ni intelectual. Desde una
mirada gramsciana, fue un ciclo sin proyecto histórico.

Por eso es importante aclararlo: no se pueden equiparar ambos ciclos. El progresista
representó expansión y construcción de sentido común inclusivo; el liberal representó
retroceso y ausencia de horizonte.

Ahora bien, el Uruguay enfrenta hoy un desafío nuevo, que no niega la herencia
progresista sino que la exige en clave renovada: construir una estrategia de desarrollo
que combine productividad con justicia social, innovación con cohesión,
descentralización con Estado inteligente, y seguridad con derechos.

Esto supone, primero, organizar la producción adentro para luego proyectarse afuera, fortaleciendo cadenas de valor, ciencia y tecnología, educación técnica, capacidades
territoriales y un ecosistema de innovación que haga sostenible el crecimiento. Sin base
productiva integrada, no hay exportación con calidad; sin desarrollo interno, no hay
inserción internacional soberana; sin innovación, no hay progreso social duradero.

El Frente Amplio, por trayectoria, legitimidad social, densidad organizativa y memoria
de gobierno, es el único actor con condiciones reales para liderar este nuevo ciclo
hegemónico. Pero para hacerlo debe asumir explícitamente que el próximo sentido
común uruguayo será productivo, científico, territorial y social al mismo tiempo. Esto
requiere una nueva dirección cultural: instalar la idea de que desarrollo, innovación y justicia son complementarios y que Uruguay puede volver a crecer si piensa estratégicamente su producción, su conocimiento y su trabajo.

El trabajo para conquistar hegemonía es, por tanto, triple. En el plano cultural,
actualizar el relato progresista hacia la innovación, la producción y el desarrollo
sostenible. En el plano social, articular a trabajadores, pymes, cooperativas, UTU, Udelar, Utec,
jóvenes precarizados, sectores técnicos, mujeres jefas de hogar, ciencia, cultura e
interior productivo en un bloque histórico renovado. Y en el plano político, convertir
esa dirección en políticas claras, coherentes y comunicables que expresen rumbo,
estabilidad y futuro.

Construir una nueva hegemonía en Uruguay implica rescatar lo mejor del ciclo
progresista, superar la regresión liberal y ofrecer una síntesis superadora: un proyecto
que ordene la etapa que viene en torno a un principio rector claro y compartido:
Uruguay debe organizar su producción adentro para innovar, desarrollarse y
proyectarse al mundo con justicia social.

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