En Uruguay falta un debate de fondo: cómo desarrollar un país que, aún con un ciclo
progresista que redujo pobreza, mejoró salarios y amplió derechos, sigue dependiendo
en exceso de factores que no controla. La exportación de commodities —carne, soja,
celulosa— funciona como sostén macroeconómico, pero no como proyecto de nación.
Incluso UPM, la inversión más grande en nuestra historia reciente, no sustituye la
pregunta principal: ¿cómo organizar la producción nacional para dejar de ser,
estructuralmente, una economía tomadora de precios y empezar a ser una economía
creadora de valor?
No hay que inventar nada nuevo. El propio pensamiento latinoamericano ya trazó un
camino que hoy Uruguay puede —y debe— retomar: Raúl Prebisch, con el diagnóstico
de los límites del modelo primario-exportador; Fernando Fajnzylber, con su idea de
competitividad estructural y la asociación entre innovación y equidad; Jorge Alberto
Sábato, explicando cómo articular un triángulo virtuoso entre Estado, ciencia y
empresas; y Oscar Ugarteche, proponiendo unidad financiera regional para reducir
dependencia externa.
Ese marco teórico ofrece una agenda para el siglo XXI: organizar la producción hacia adentro antes de vender hacia afuera, para aumentar productividad, mejorar empleos y distribuir mejor el excedente nacional.
Un país que discute impuestos, pero no discusión productiva
En Uruguay discutimos más de impuestos que de producción. Pero incluso la discusión
tributaria muestra que el problema es más profundo. El trabajo reciente del Instituto de Economía (De Rosa, Isabella, Queijo y Vilá, 2025) lo sintetiza con claridad: nuestro sistema tributario se apoya demasiado en impuestos indirectos, al igual que la mayoría de América Latina, lo que limita el potencial redistributivo del Estado.
Los datos son elocuentes:
Los impuestos indirectos (IVA, IMESI) son regresivos y pesan más en los
hogares de menores ingresos.
Al considerar solo impuestos a la renta o propiedad, la carga sobre el capital
(24%) supera a la del trabajo (18%).
Pero cuando se suman los impuestos al consumo —y se asignan según quién
realmente los paga— la relación se invierte: el trabajo soporta el 56% de la
recaudación total, mientras que el capital queda en 41%.
El resultado: una tasa efectiva sobre el trabajo de casi 24%, cuatro puntos y
medio por encima de la del capital (19,4%).
Uruguay no es un infierno fiscal, pero sí un país donde la estructura tributaria reproduce
una desigualdad funcional: el trabajo paga más que el capital, aunque el discurso
público suele afirmar lo contrario.
Por eso las nuevas propuestas —el 1% a los más ricos planteado por el PIT-CNT, el
impuesto mínimo global y el tributo a ganancias de capital en el exterior que impulsa el
gobierno de Yamandú Orsi— apuntan «bien» en la dirección de gravar riqueza y renta
financiera.
Sin embargo, aun corrigiendo injusticias tributarias, la capacidad redistributiva del
Estado tiene un techo claro si el país no genera más valor agregado propio.
Repartir mejor lo existente es justo, pero insuficiente si no hay un motor productivo
moderno que lo haga sostenible.
Entonces, ¿cómo construimos un modelo donde la innovación, el trabajo calificado,
la ciencia, las pequeñas empresas y el Estado formen un ecosistema estratégico que
produzca bienes y servicios propios, exportables, con empleo de calidad?
Uruguay necesita —y puede— articular ese «Triángulo de Sábato»:
- Estado, orientando prioridades, creando demanda pública innovadora,
regulando y habilitando financiamiento. - Sistema científico, universidades e institutos generando capacidades
tecnológicas. - Empresas y trabajadores, desde pymes hasta cooperativas, incorporando
innovación y organizando producción territorial.
Ese triángulo permitiría pasar del viejo modelo de “exportar naturaleza” a un modelo de
“exportar conocimiento”, lo único capaz de mejorar productividad sin precarizar
empleo.
Organizar la producción para poder vender: el punto más olvidado
El país habla poco de esto porque la política quedó atrapada en dos extremos:
– la discusión fiscal inmediata (quién paga qué),
– y la coyuntura de seguridad, precios o señales de consumo.
Pero el verdadero salto —ese que define proyectos de país a 20 años— requiere
organizar la estructura productiva primero: saber qué producimos, con qué tecnología, en qué territorios, con qué encadenamientos y con qué forma de apropiación del excedente.
Organizar el adentro para poder vender mejor hacia afuera: ese es el único camino
genuino de inclusión, empleo y estabilidad distributiva.
El Uruguay que viene exige un nuevo consenso
Hoy tenemos condiciones inéditas: un gobierno con mandato popular para transformar,
un sistema científico interesante para nuestro tamaño, pymes que resisten, sectores
productivos que piden escala y miles de jóvenes buscando oportunidades para no
emigrar.
La pregunta de fondo es si nos animamos a dar el salto: pasar de un país que redistribuye sobre una base estrecha, a un país que crea riqueza propia y la distribuye con justicia. Ese debate aún no está en la agenda. Es hora de ponerlo.